El 22 de septiembre el gobierno valenciano de PP-Vox registró en las Corts su proyecto de nueva ley valenciana, para ser tramitada de urgencia. De aprobarse este proyecto, supondría un grave retroceso de la política forestal valenciana de más de 40 años. Pretende anular gran parte de las aportaciones de la ley actualmente vigente, de 1993, no para mejorar, sino para empeorar notablemente sus contenidos.

Los grandes cambios introducidos en relación con la anterior ley perjudican la conservación de un bien esencial para toda la sociedad y no benefician más que a un pequeño puñado de empresas forestales y de un todavía más reducido grupo de grandes propietarios, perjudicando también a los pequeños propietarios, que son la inmensa mayoría.

SE PRETENDE PASAR DEL BOSQUE PROTECTOR

AL BOSQUE AMENAZADOR Y AMENAZADO.

¿QUÉ HACE ESTA LEY?

De entrada, se elimina la declaración de intenciones de la antigua ley, que fue valorada en su momento como innovadora y que recogía la sensibilidad contemporánea por la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente. Proclamaba que los bosques deben ser gestionados como ecosistemas que son, subordinando a esta prioridad todos los aprovechamientos y usos que sean compatibles. Esta visión ha sido eliminada y sustituida por unos “principios” que invierten la situación. Los bosques se presentan como un riesgo y como un elemento a explotar y “aprovechar” con cautelas muy reducidas. Ninguna mención a su naturaleza biológica, estructura, composición y funcionalidad, que es la que genera y sustenta los recursos que después se quieren aprovechar.

A partir de aquí se justifican todos los recortes de cautelas ambientales y la eliminación de factores clave para la conservación de un recurso natural que “alimenta” cualquier aprovechamiento. Si se daña ese recurso básico, si no se conserva y protege, todos los aprovechamientos y explotaciones acabarán dañando y agotando la fuente de la que beben, y devendrán insostenibles. De esta manera, desaparecen cautelas y garantías. Se facilita la explotación de los recursos forestales reduciendo controles y cautelas y se fomenta los usos alejados de su naturalidad, con el objetivo de facilitar actividades extractivas de explotación del bosque y los usos empresariales de todo tipo, mineros, industriales, de servicios, etc., ubicados en medio forestal y rural, sin clara justificación de los beneficios sociales.

Así, se eliminan los bosques protectores y se elimina su registro. Se elimina la exigencia de realizar evaluación ambiental estratégica de los grandes planes de ordenación forestal y de prevención de incendios, de los instrumentos de gestión forestal, de los planes cinegéticos y piscícolas, etc., con efecto retroactivo en los planes en tramitación, asumiendo que como la intención es buena, no hace falta supervisión. Se permite en más situaciones, y menos controles, usos diversos en suelo forestal, toda una gran puerta abierta para construcciones, instalaciones industriales o de servicios que pueden tener destacados impactos negativos en el medio natural.

No se menciona la Red Natura 2000, ni la conectividad ecológica, ni la función esencial de los matorrales, ni el concepto de especies autóctonas. La biodiversidad ya no aparece ni como objetivo general ni tampoco en el articulado.

Se suprimen los Consejos forestales de demarcación como sistema participativo territorial y la Mesa Forestal, órgano principal de participación, de la cual el PP ya expulsó a Acció Ecologista-Agró, se amplía en sectores administrativos y de empresas forestales, diluyendo todavía más la representación de entidades científicas y conservacionistas.

No queda claro que en los espacios naturales protegidos deba prevalecer la normativa específica de los parques naturales frente a la normativa forestal general, a diferencia de la actual normativa. En el caso de los terrenos quemados se rebajan las garantías para su recuperación y se permite el cambio de uso a actividades no forestales de manera mucho más permisiva que en la actualidad.

Se define una nueva figura, de “suelo forestal de transición hacia la recuperación agrícola” que seguirán considerándose forestales, pero en los cuales se podrá eliminar por completo la vegetación natural para cultivar, sin que se considere cambio de uso. En extensiones de hasta 5 ha se permitirá esta actuación mediante una simple “declaración responsable” sin control ni verificación, incluso en caso de terrenos quemados. Estos suelos en transición serán de ubicación preferente para obras residenciales, industriales y terciarias, permitiendo que esto sea posible, sin que se considere cambio de uso.

Desaparece la prohibición de realizar roturaciones en montes demaniales y catalogados, y también la de efectuar talas por todas partes; como también se eliminan otras garantías existentes en relación con plaguicidas, límites de pendientes para abrir vías de desembosque, etc. Las declaraciones de emergencia, incluso sin existir un riesgo inmediato, pueden justificar intervenciones en todo un término municipal por actuaciones que no se definen en la ley de manera concreta, saltándose procedimientos ordinarios de autorización y de evaluación ambiental.

En definitiva, esta ley es un retroceso enorme en la gestión racional y sostenible de los bosques, que incrementará su desprotección, facilitará la degradación y los usos abusivos, injustificados y sin evaluación ambiental, y abre la puerta a actividades industriales y de servicios en áreas forestales, sin las necesarias cautelas y controles. Mal futuro para los bosques valencianos.